s sirios estuvieron preguntándose hasta el último momento si Washington iba a utilizar el Tribunal Especial para el Líbano para sabotear in extremis la conferencia de paz Ginebra 2. Para hacerlo habría bastado con reactivar las acusaciones contra el presidente Bachar al-Assad, cosa que no ha sucedido.

El Tribunal Especial para el Líbano no es un tribunal internacional y no sigue las reglas de la justicia internacional. En efecto, no fue fundado por la Asamblea General de la ONU y el parlamento libanés sino que es resultado de un acuerdo entre el aparato ejecutivo de la ONU y el poder ejecutivo libanés. Y está dotado de reglas propias provenientes, según el caso, de la justicia internacional o de la justicia libanesa, e incluso de reglas concebidas únicamente en función de los objetivos de ese tribunal. Como subrayara el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, en el momento de la creación del Tribunal Especial para el Líbano: «No es un órgano subsidiario de la ONU ni un elemento del aparato judicial libanés.»

La primera misión de este tribunal de excepción fue condenar a los presidentes del Líbano, Emile Lahoud, y de Siria, Bachar al-Assad, para justificar una intervención internacional contra esos dos países. Como puede comprobarse en la documentación del propio tribunal, el desempeño de la primera misión investigadora queda recogido en las memorias como una sucesión de complots y de manipulaciones que condujeron al escándalo de los falsos testigos remunerados, al retiro de la acusación y la vergonzosa dimisión del corrupto jefe de la comisión investigadora, el alemán Detlev Mehlis.

El asesinato de Rafik Hariri y el propio Tribunal Especial para el Líbano no son en realidad más que dos episodios en la guerra que Estados Unidos viene librando contra el Líbano y Siria desde que decidió destruirlos –el 15 de septiembre de 2001– y conforme a lo anunciado públicamente mediante la adopción, en 2003, de la Syria Accountability and Lebanese Sovereignty Restoration Act (SALSRA) que actualmente se mantiene en vigor.

Entre las víctimas de ese complot se cuentan los 4 generales libaneses –Moustafa Hamdane, Jamil Sayyed, Ali Hajj y Raymond Azar– arrestados y encarcelados en base a testimonios falsos. Mundialmente acusados de haber asesinado a Rafik Hariri, el prolongado encarcelamiento de esos 4 generales libaneses facilitó grandemente la agresión israelí de 2006 contra el Líbano.

Al fracasar esas maniobras, Estados Unidos e Israel trataron nuevamente de quebrantar la Resistencia libanesa y de provocar una guerra contra Siria al exigir, en 2008, al entonces primer ministro libanés Fouad Siniora que prohibiera que el Hezbollah recibiera armamento iraní y que cortara el sistema de telefonía no inalámbrica de la Resistencia. Exigencias que terminaron en un nuevo fracaso. Washington y Tel Aviv cambiaron entonces de estrategia y, en vez de confrontar directamente a los pueblos del Líbano y Siria, optaron por fomentar una guerra de cuarta generación en territorio sirio.

Al entrar en una fase de hibernación, el Tribunal Especial para el Líbano se convirtió en un cómodo y privilegiado refugio para juristas de lujo. Hasta que al embajador estadounidense Jeffrey Feltman, actual jefe político de la ONU, se le ocurrió utilizarlo contra el Hezbollah e Irán. La idea consistía en atribuir el asesinato de Rafik Hariri a los miembros de la Resistencia libanesa, aunque afirmando que la orden de cometer el crimen no venía de sayyed Hassan Nasrallah sino del general Kassem Souleimane (comandante de la Fuerza al-Quods) y del Guía de la Revolución iraní, el ayatola Ali Khamenei.

Para alcanzar esos objetivos se nombró presidente del Tribunal Especial del Líbano a Antonio Cassese, consejero jurídico de la organización terrorista antiiraní conocida como los Muyahidines del Pueblo. Pero ese magistrado corrupto fue desenmascarado y también tuvo que dimitir. Dado el actual acercamiento entre Washington y Teherán, se ha cancelado la parte del plan que implicaba a Irán y hoy sólo queda la acusación contra el Hezbollah.

El Tribunal Especial para el Líbano recibe un financiamiento anual de 60 millones de dólares garantizado por 28 Estados, fundamentalmente Arabia Saudita, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y el Líbano. Rusia no participa en ese financiamiento. Vladimir Putin considera ese tribunal como una trampa que puede ser utilizada como precedente para crear un tribunal ad hoc contra él mismo y endilgarle la responsabilidad por la guerra contra el emirato islámico de Ichkeria (Chechenia). Cabe señalar que el presidente estadounidense Barack Obama llegó a hacerle saber a Dimitri Medvedev que podía contar con su apoyo en contra de Putin a condición de que este último fuese entregado a un tribunal creado para “ocuparse” de él.

El Tribunal Especial para el Líbano ha emitido cargos en contra de 5 miembros de la Resistencia libanesa –Moustafa Badreddine, Salim Ayyash, Hassan Habib Merhi, Hussein Oneissi y Assad Sabra– quienes son juzgados en ausencia, lo cual constituye una violación de los principios de la justicia internacional.

Durante su primera audiencia, el Tribunal oyó el resumen de los hechos. Hay 2 teorías sobre la realización del atentado. Según la primera teoría, el atentado se llevó a cabo haciendo estallar un vehículo cargado de explosivos. La segunda –que yo expuse en la prensa rusa en 2010– subraya que la evidencia forense y el desplazamiento de los vehículos en el momento de la explosión son incompatibles con el uso de un explosivo clásico y corresponden únicamente a la utilización de un arma ultramoderna vinculada a la nanotecnología.

Ignorando esa crucial objeción, el fiscal hizo una larguísima presentación de la primera versión a pesar de que la reconstrucción de los hechos nunca confirmó esa teoría. En efecto, en 2010, el Tribunal Especial para el Líbano trató de confundirme gastando sumas considerables en la construcción –dentro de una base militar francesa– de una copia idéntica del barrio de la Marina para hacer un ensayo de los efectos de una explosión equivalente a 2,5 toneladas de TNT. Como aquel intento de reconstrucción del crimen no validó la teoría del coche-bomba… se descartó el resultado de la reconstrucción y el Tribunal Especial para el Líbano está trabajando en este momento sobre la base de una teoría que todo el mundo sabe a ciencia cierta que es falsa.

El problema es que la segunda teoría modifica todas las perspectivas. En 2005, el único país del mundo que poseía aquella arma basada en la nanotecnología era Alemania. Resulta muy difícil imaginarse a Berlín poniendo ese tipo de arma en manos de Siria o del Hezbollah, pero es muy posible que la misma Alemania –país miembro de la OTAN– la proporcionara a Estados Unidos.

Así que a Washington no le conviene que el Tribunal Especial para el Líbano mencione ese asunto ya que la CIA recurrió a esa misma arma en otras regiones del mundo, como en Islamabad (el 20 de septiembre de 2008). En Pakistán, un incidente modificó el guión del atentado: una barrera de control retrasó la llegada del camión cargado de explosivo convencional que debía camuflar el uso del arma nanotecnológica y ese camión estalló por lo tanto demasiado lejos del cráter que dejó el arma alemana. Así que hubo 2 cráteres diferentes para una sola explosión oficial.

Por su parte, el Hezbollah rechazó las acusaciones contra sus miembros. Como defensa reveló que venía interceptando desde hacía tiempo las señales de los drones israelíes y publicó los videos transmitidos por esos drones mientras espiaban los movimientos de Rafik Hariri durante las semanas anteriores a su asesinato y mientras vigilaban, durante el proceso de preparación del crimen, el lugar donde finalmente se cometió el atentado.

Además, el Ejército Libanés mostró que el día mismo del atentado Estados Unidos tenía un avión de vigilancia electrónica AWACS en misión de observación sobre el territorio libanés. Al solicitársele una explicación sobre esa coincidencia y la entrega de los datos recogidos por el AWACS –lo cual hubiese permitido confirmar o descartar las sospechas del Hezbollah así como mi teoría– Estados Unidos se negó a proporcionar esos datos a pesar de que, hasta aquel momento, Washington había exhortado la comunidad internacional a colaborar con la investigación.

Todo ello demuestra que, a pesar de sus pretensiones, el Tribunal Especial para el Líbano no es mejor que la lastimosa Comisión Investigadora que le antecedió. Detlev Mehlis, denunciado como agente del Mossad por sus ex colegas alemanes, sobornó testigos y falsificó pruebas. Pero el Tribunal Especial para el Líbano mantuvo después en la cárcel a los 4 generales libaneses, se negó a juzgar a Detlev Mehlis y sus falsos testigos, ocultó elementos presentados por el Hezbollah y por mí mismo y ahora está juzgando en ausencia a sus supuestos sospechosos.