Al cabo de 7 años de negociaciones, la Asamblea General de la ONU adoptó, el 2 de abril de 2013, un proyecto deTratado sobre el Comercio de Armas, con 154 votos «a favor», 3 votos «en contra» y 23 abstenciones [1]. Eufóricos, los embajadores de los países occidentales se felicitaron entre sí por este «voto histórico» de un texto «ambicioso» que «pondrá definitivamente fin al comercio ilícito de armas», ya que es «equilibrado», «eficaz», «robusto», etc.

Con esas entusiastas declaraciones esperaban convencer a las opiniones públicas de sus respectivos países de que ese proyecto de tratado demuestra que ellos nunca actúan en contra de la paz y que, por el contrario, los Estados que no lo aprobaron o que expresaron su oposición son los que no tienen la conciencia tranquila. Para apuntalar ese razonamiento no dejaron de resaltar que los 3 votos «en contra» provenían de sus adversarios, a los que han venido demonizando desde hace mucho tiempo: Corea del Norte, Irán y Siria.

¿Cuál es la realidad? El derecho internacional reconoce que, en aras de poder defender a su pueblo, todo Estado tiene el legítimo derecho de producir, importar, exportar, transferir y poseer armas o de participar en el comercio de estas. Mientras que esas mismas actividades se prohíben a todos los Estados –según el derecho internacional– cuando tienen como objetivo agredir u ocupar otros Estados u otros pueblos.

Aunque es imposible saber de antemano si un arma va a ser utilizada o no con un objetivo legítimo, la cantidad astronómica de armas ligeras que se fabrican en el mundo es completamente desproporcionada en relación con el uso legítimo que de ellas pudiera hacerse. Y no es de extrañar que parte de ellas se utilicen con fines ilegítimos, provocando así sufrimientos inútiles.

Dado que el proyecto de tratado se negoció en el seno de la Asamblea General y en el marco de la Conferencia sobre el Desarme, ese texto se presenta a menudo como un intento de extender a las armas ligeras el esfuerzo emprendido en el campo de la no proliferación del armamento nuclear. Lo cual es falso. Como subrayó el representante de Pakistán: «No se trata de un tratado de desarme» sino de un tratado sobre «el comercio responsable de armas». En otras palabras, como se reconoce implícitamente en el título mismo de ese proyecto de tratado, la finalidad del texto inicial presentado por Tony Blair no era favorecer la paz sino proteger los intereses industriales y comerciales del Reino Unido y extender la «doctrina Blair». O sea, si se considera que una guerra es «moral» si se emprende «a título humanitario» para luchar en contra de «una violación de los derechos humanos» –en el sentido anglosajón de esa expresión–, también habrá que considerar que el comercio de armas es «responsable» simplemente si no se venden armas a los «compradores-canallas» acusados de haber «violado los derechos humanos» –también en el sentido anglosajón de la expresión.

Dado que las tres cuartas partes (el 75%) del comercio mundial de armas ligeras está en manos de sólo 6 países productores, la única posibilidad de aplicar un tratado sobre esa actividad es mediante un acuerdo entre esos Estados (Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia). Lo cual equivale a crear un cártel de vendedores que se vería entonces en condiciones de imponer sus propios precios para mejorar sus ganancias. El representante de Bolivia resumió lo anterior al observar que «la industria del armamento puede dormir tranquila ya que [la redacción de] este Tratado defiende sus intereses».

Por otro lado, dado el hecho que ese cártel industrial y comercial –que incluye a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU– tendría la posibilidad de prohibir que un Estado determinado adquiera armas en el mercado internacional, ese cártel del armamento podría de hecho privar a cualquier Estado de sus legítimos medios de defensa, convirtiéndolo así en una presa fácil. Como escribió Lenin: «El imperialismo es la fase superior del capitalismo».

A pesar de las apariencias, los gobiernos del Reino Unido y Francia son coherentes cuando tratan de reglamentar «el comercio de armas» por un lado mientras que intentan, por el otro, levantar un embargo –o sea, desregular ese mismo comercio– para legalizar sus propias transferencias ilícitas de armas a los mercenarios pagados por las dictaduras wahabitas para destruir a Siria.

En definitiva, se trata de un proyecto de tratado que ha nacido muerto. Aunque sea rápidamente ratificado por la cincuentena de Estados que votaron a favor de ese texto y incluso si llega a entrar en vigor, lo cierto es que no será aplicable porque China y Rusia se han negado seguir el juego del cártel militaro-industrial occidental. A pesar del interés económico que ese tipo de asociación pudiera revestir para ellos, estos dos países han preferido proteger nuevamente al mundo del mercantilismo anglosajón –al que Francia se ha unido, cambiándose así de bando. Al asumir su estatura imperial de grandes potencias, China y Rusia se niegan a convertirse en empresas imperialistas.